Germán Caballero González
Área de Derecho Concursal
La Ley Whistleblowing y su adaptación a la Directiva Europea supone un gran avance en la protección y seguridad para los denunciantes de actos ilícitos en una organización.
El término “whistleblowing” se refiere a la acción de denunciar o revelar información sobre actividades ilegales o fraudulentas dentro de una organización. Es evidente que la perspectiva interna del empleado de una empresa o entidad pública sobre la actividad de la misma, goza de un papel crucial en la exposición de conductas fraudulentas y en la promoción de la transparencia en diferentes sectores. Sin embargo, muchos denunciantes han enfrentado represalias y consecuencias negativas por el hecho de hacer pública la verdad.
Para abordar esta problemática y proteger a los denunciantes, la Ley Whistleblowing, conocida coloquialmente, supone un avance importantísimo para la protección y seguridad de quienes deciden denunciar actos ilícitos dentro de una organización. Está destinada a fomentar un entorno seguro y alentador para que los empleados puedan denunciar violaciones de la ley, fraudes, malversaciones de fondos, discriminación y otros comportamientos inapropiados que afecten negativamente al interés público. El objetivo esencial de esta ley es proteger a los denunciantes de represalias y garantizar que sus denuncias sean tratadas de manera confidencial y adecuada, blindándolas ante la influencia de la propia organización.
En Europa, el panorama de protección a los denunciantes ha sido variado, con diferentes países teniendo sus propias leyes y enfoques al respecto. Sin embargo, en 2019, la Unión Europea dio un paso significativo hacia la armonización y fortalecimiento de las protecciones para los denunciantes con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937 con su posterior adaptación en España entrando en vigor el 13 de marzo del presente año la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La Directiva Europea sobre esta ley establece un marco de protección mínimo que todos los países miembros de la Unión Europea deben implementar. Algunos de los aspectos clave de esta directiva incluyen:
- Ámbito de aplicación ampliado: La directiva cubre una amplia gama de áreas, incluyendo la protección de datos personales, la seguridad del producto, la protección del medio ambiente, el lavado de dinero y la corrupción.
- Canal seguro de denuncias: Los Estados miembros deben establecer canales seguros y confidenciales para que los denunciantes presenten sus informes. Estos canales pueden ser internos o externos a la organización, pero siempre deben garantizar la protección de la identidad del denunciante.
- Protección contra represalias: La directiva prohíbe cualquier forma de represalia contra los denunciantes, como despidos, sanciones, amenazas o intimidaciones. Si un denunciante enfrenta represalias, se deben tomar medidas efectivas y disuasorias contra los responsables.
- Procedimientos de seguimiento: Los denunciantes deben recibir una confirmación de que su informe ha sido recibido y ser informados sobre el seguimiento de su denuncia en un plazo de tiempo razonable.
- Asesoramiento y apoyo legal: Los denunciantes tienen derecho a recibir asesoramiento y apoyo legal para proteger sus intereses y derechos.
- Denuncias anónimas: La directiva permite que los denunciantes presenten informes de manera anónima, siempre que las denuncias cumplan con ciertos criterios de fiabilidad y que el denunciante esté dispuesto a cooperar en caso de investigaciones posteriores.
Para una correcta implementación de la Ley Whistleblowing en la empresa, resulta fundamental contar con el adecuado asesoramiento de un despacho de abogados especializado en derecho mercantil y laboral. Estos expertos pueden garantizar que los canales de denuncia sean establecidos de manera segura y confidencial, protegiendo tanto la identidad del denunciante como los intereses de la organización. Además, ofrecen orientación sobre cómo abordar las denuncias y cómo prevenir posibles sanciones, asegurando así una cultura empresarial transparente y ética.
En conclusión, la implementación de esta directiva a nivel europeo marca un importante hito para la protección de los empleados dentro de en toda la Unión Europea. Proporciona un marco coherente y sólido que promueve la transparencia y la responsabilidad en todos los ámbitos de la empresa y entidades públicas.
